Umberto Jara
Lima - 26 julio 2020

Hace pocos días el mundo del fútbol recibió titulares desde distintos medios. El diario español Marca anunció: “Multan a la Federación Colombiana por reventa de entradas”; el principal portal argentino Infobae informó: “Escándalo en la Federación Colombiana de Fútbol por la reventa de entradas durante las Eliminatorias”. Similares títulos fueron difundidos por diarios de todo el mundo futbolístico, actualizando las investigaciones sobre la reventa de entradas.

¿Qué había ocurrido en Colombia? La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el organismo encargado de la protección de los derechos del consumidor y de promover la libre competencia empresarial —equivalente al Indecopi peruano— decidió sancionar a a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a sus principales dirigentes con una multa de 4,6 millones de dólares por desviación y reventa de tickets durante los partidos de la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.La Superintendencia de Industria y Comercio logró establecer que se habían desviado más de 42 000 tickets con fines de reventa y que esta actividad ocurrió en ocho de los nueve partidos que el seleccionado colombiano jugó como local en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Los incrementos de precios que los aficionados tuvieron que pagar llegaron hasta el 350% y los dirigentes de la federación cafetalera se beneficiaron ilegalmente con una utilidad de más de 3,5 millones de dólares.

La sanción alcanza a 17 personas encabezadas por el actual presidente de la FCF, Ramón Jesurún, así como a varios miembros de su directorio. Según declaraciones del superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, la situación es de tal magnitud que la elevada multa no sería el único castigo hacia los imputados, pues se va a promover una investigación a cargo de la Fiscalía General de la Nación de Colombia que “podría concluir con cargos criminales para los acusados de la maniobra”, pues lo que hicieron fue generar un “cartel para el desvío de boletas con el fin de revenderlas”.

Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.


Como es fácil advertir, el caso colombiano es exactamente igual al caso peruano cuya organización de reventa fue encabezada por Agustín Lozano Saavedra con beneficios de un millón y medio de dólares por la reventa en los partidos que jugó como local la selección peruana. Existe tanta similitud que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al igual que en el caso peruano, obtuvo información y evidencias “digitales y documentales” provenientes de la empresa Ticket Ya, equivalente a la peruana Teleticket de donde provinieron una parte sustancial de las pruebas recopiladas por la firma All Security y que demuestran que Lozano incurrió en la ilegal actividad.

Ahora bien, resta saber si las autoridades peruanas van a seguir el ejemplo de Colombia, donde apenas conocida la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, el gobierno colombiano se manifestó a través del Ministerio del Deporte anunciando que demostradas “la violación grave de normas legales, reglamentarias y estatutarias, procede la suspensión o el retiro del cargo de los miembros de los organismos deportivos”. Habrá que ver si en el Perú, el Ejecutivo o el Ministerio Público solo se ponen la camiseta del seleccionado cuando hay que ir al estadio a ver un partido o si realmente deciden combatir los actos de corrupción en el fútbol.

La reventa de entradas no es la única sombra que está cercando a Lozano, cuya impunidad empieza a ingresar en su recta final. Además del bochornoso caso de la reventa que se vuelve a encender en otra federación y que tendrá que obligar a la FIFA a tomar medidas, para Lozano existe también un escenario vinculado a investigaciones por delitos y ese es un ámbito en que tampoco podrá dar respuestas satisfactorias.

¿El inicio del fin?

A inicios de enero de 2016, el ciudadano Nicolás Soriano Meneses presentó ante el Ministerio Público de Chiclayo una denuncia contra Agustín Lozano Saavedra para que sea sometido a investigación. El 5 de febrero, el Tercer Despacho de la Fiscalía Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dispuso el inicio de una investigación contra Lozano por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos.

En el documento fiscal se puede leer que la denuncia se debe a que “el imputado Agustín Lozano Saavedra habría adquirido entre los años 2011 y 2014, época en que se desempeñó como alcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, una cantidad inusitada de bienes de origen desconocido”. Entre esos bienes se señalaron terrenos agrícolas por más de quince hectáreas, dos colegios particulares, una casa y vehículos. A la población, que había sufrido una de las peores gestiones ediles a cargo de Lozano, le llamaba la atención el súbito florecimiento de un hombre que provenía de un hogar muy modesto y que jamás había tenido la posibilidad de contar con esos bienes, a los que se debían sumar un hotel llamado “Hotel Tin” y las emisoras radiales “Mi Latin Plus” y “Nueva Digital”.

La incógnita que se instaló en la ciudad lambayecana era saber de qué manera podía haber adquirido tantos bienes en apenas cuatro años, un hombre que años atrás trabajaba como gerente en la pequeña empresa de agua potable del modesto municipio de Chongoyape, un cargo que, además, había obtenido, según señala el denunciante Nicolás Soriano y otros vecinos de la pequeña ciudad, por un favor político que le hizo un alcalde de Chongoyape llamado Eduardo Yashimura Montenegro, personaje en el que vale detenerse un momento.

Yashimura fue un político norteño que logró ser electo como Senador en el Congreso de la República del primer gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985). Es un personaje que alcanzó una vergonzante notoriedad al descubrirse sus vínculos con el narcotraficante Guillermo Porto Cárdenas Dávila, famoso en ese tiempo por su apelativo de Mosca Loca y por haber propuesto, tras su captura, que se le deje en libertad a cambio de pagar la deuda externa peruana si es que se le dejaba seguir con sus ilícitas actividades de tráfico de cocaína.

Edwin Oviedo, expresidente del FPF, hoy preso por corrupción, camina al lado del hoy presidente interino, Agustín Lozano Saavedra, también investigado por diversos delitos. (Foto: Andina)


Años más tarde, Eduardo Yashimura, defenestrado ya de su cargo de Senador, logró ser electo como alcalde de Chongoyape y Agustín Lozano fue un activo partícipe y colaborador en la campaña electoral de quien fuera abogado del narcotraficante Cárdenas Dávila. La recompensa para Lozano fue la gerencia de la empresa de agua potable. Tiempo después, en el año 2010 decidió seguir los pasos de su mentor Yashimura y logró obtener el mismo cargo: alcalde de Chongoyape, bajo el auspicio de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña.

Las versiones coincidentes de los pobladores de Chongoyape mencionan a Lozano como un antecesor de la “estrategia” de los tapers con dinero que el fujimorismo solía regalar en sus campañas electorales. En el caso del actual presidente de la FPF, los regalos a los electores eran monederos conteniendo monedas de 5 soles y billetes de 10 soles para animarlos a votar por Lozano. Resultó electo con 3,873 votos.

Su afición por el tráfico de entradas para los partidos de fútbol asomó en su gestión como alcalde, pues, en los partidos de las Eliminatorias Brasil 2014, Lozano solía obsequiar entradas para los partidos que el seleccionado peruano jugaba en el Estadio Nacional, fletaba buses para el traslado de trabajadores del municipio, de la empresa de agua potable y la gente de su entorno. Había sido, en el 2004, presidente de la Liga Departamental de Lambayeque y, por ello, tenía cercana relación con las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol. Había aprendido que no había nada mejor que el fútbol para granjearse simpatías y votos.

Agustín Lozano Saavedra, cuando era alcalde de Chongoyape.


Lo más notorio de su gestión como alcalde de Chongoyape es que en apenas cuatro años, percibiendo el pequeño sueldo oficial que corresponde al alcalde de un modesto distrito, logró tener un patrimonio inexplicable, hecho que dio lugar a la denuncia por lavado de activos mencionada al principio. Esa denuncia se sumó a la veintena de otras denuncias por abuso de autoridad, aprovechamiento ilícito del cargo, delito contra la administración pública y otros, que se generaron en contra de Lozano tras su gestión como alcalde. Pero en el camino de la investigación por lavado de activos puesta en marcha el 5 de de febrero de 2016, ocurrió algo inesperado.

Apenas diez días después, el 15 de febrero de 2016, la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de activos con sede en Lima comunicó sorpresivamente al fiscal de Chiclayo, que Lozano estaba siendo investigado también por lavado de activos por su participación como miembro de la Junta Directiva de la FPF (Caso Manuel Burga), motivo por el cual ambas investigaciones debían unirse. Conforme señalan fuentes del Ministerio Público, fue una extraña maniobra por cuanto se trataba de dos investigaciones diferentes. Si bien el tema era el mismo, lavado de activos, el origen de cada investigación tenía escenarios diferentes. Una cosa era la denuncia planteada en Lima sobre asuntos vinculados al fútbol y otra muy distinta una investigación que buscaba determinar cómo hizo fortuna en Chiclayo el señor Lozano.

Lo cierto es que la fiscalía chiclayana fue complaciente y decidió enviar su investigación por “actos de conversión de bienes que provendrían de actividades ilícitas al interior de la Municipalidad Distrital de Chongoyape” a la ciudad de Lima, un lugar donde no existían pruebas, obras, locales ni personas vinculadas al sospechoso crecimiento del patrimonio de Lozano. ¿Cómo podía investigar Lima un caso ocurrido en Chiclayo? Fue una maniobra de leguleyos que logró ocultar la investigación de Chiclayo en una investigación tediosa y enorme como la iniciada en Lima que involucró a sesenta y seis personas entre presidentes y ex presidentes de clubes de fútbol profesional, amateur, comisiones de arbitraje, ligas departamentales y funcionarios vinculados al fútbol.

La investigación de la fiscalía limeña tuvo un origen inválido porque fue promovida por el entonces fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, con la finalidad de desviar la atención a las denuncias que surgían por la gestión corrupta de Ramos que terminaría poniéndolo fuera del cargo. La famosa megainvestigación contra el entonces presidente de la FPF Manuel Burga y los mas de sesenta personajes vinculado al fútbol, ha concluido, pero en ese expediente se encuentra la denuncia específica por lavado de activos que pesa sobre Agustín Lozano por su crecimiento patrimonial injustificado, y ese es un tema basado en una denuncia por actos delictivos que nada tienen que ver con asuntos dirigenciales ya resueltos. De modo que ahí pende sobre Lozano un asunto penal próximo a activarse.

Deben tenerse en cuenta también un aspecto muy importante que descalifica a Agustín Lozano Saavedra para ejercer el cargo de presidente de la FPF. Es el siguiente. El 25 de octubre de 2019, el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Dr. Jorge Juan Arteaga, informó mediante Carta Nº 000168-2019-MP-FN que de acuerdo al sistema informático del Ministerio Público, Lozano tiene entre denunciadas ingresadas, archivadas y en trámite, una gran cantidad de investigaciones fiscales para una persona que debería tener una imagen de decencia para ocupar el más alto cargo de la FPF.

Agustín Lozano Saavedra, urge su salida de la FPF.


Concretamente, Lozano registra 25 denuncias que abarcan un amplio abanico de materias penales: usura, fraude en la administración de persona jurídica, usurpación, abuso de autoridad, colusión (acuerdo para defraudar), negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, delito contra la administración pública, delito contra la voluntad popular, ostentación de distintivos de función que no ejerce, delito contra la fe pública, corrupción de funcionario público, delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Ahora bien, más allá de las cuestiones judiciales específicas respecto de las cuales Lozano gusta argumentar de que están archivadas o, si están en proceso, las tilda de falsas, existe un aspecto vinculado a las normas deportivas que recaen directamente en el cuestionado dirigente.

En efecto, Lozano no está en condiciones de tener el cargo de Presidente de la FPF. En primer lugar, el artículo 13 del Código de Ética de la FIFA señala queLas personas sujetas a este Código deberán valorar el impacto que su conducta pueda tener en la reputación de la FIFA, y deberán, por lo tanto, comportarse con dignidad y de manera ética y actuar con absoluta credibilidad e integridad en todo momento”. Ese mismo artículo añade quedeberán abstenerse de ejercer o tratar de ejercer toda actividad o de adoptar un comportamiento que pudiera interpretarse como una conducta inapropiada o pudiera despertar sospechas de ello”.

Es decir, no se exige una condena concreta. La FIFA exige que, para un cargo deportivo, se tenga una conducta de buen ciudadano. No tenerla ya invalida a esa persona para asumir una función dirigencial. No es necesario explicar que Agustín Lozano incumple con cada uno de esos postulados y, en consecuencia, no cumple con el requisito de Idoneidad para un cargo como el de presidente de la FPF, función para la cual la FIFA le exige responder esta pregunta: ¿Es usted objeto de investigaciones o procedimientos civiles, penales o disciplinarios pendientes?

No hay que olvidar que Lozano tiene el cargo de presidente de la FPF en calidad de interino, pues ejerce la función por encargo desde que Edwin Oviedo, el anterior presidente, marchara a prisión. Aquí asoma otra situación irregular —una más, como si no hubiese ya suficientes—: ese interinato, que por definición es transitorio, no puede seguir vigente desde diciembre de 2018, es decir, 20 meses, un tiempo que excede cualquier interinato. Por donde se vea, las razones para la salida de Lozano de la FPF asoman desde diversos frentes.

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