En diciembre de 2018, a raíz del ingreso a prisión del entonces titular de la FPF, Edwin Oviedo, asumió el cargo, de manera interina, el vicepresidente Agustín Lozano Saavedra. Lo primero que hizo Lozano no fue proyectar una administración enfocada en las necesidades del fútbol peruano luego del sacudón que significó que, apenas concluida la participación del seleccionado en el Mundial Rusia 2018, la FPF terminara vinculada a la organización criminal Los cuellos blancos. Nada institucional fue de su interés. De inmediato, empezó a indagar por las zonas en las cuales podía existir acceso al dinero de la federación sin importarle las reglas establecidas y las instancias para el funcionamiento de cada sector del fútbol.
Así, activó un proyecto que estaba pendiente hacía un tiempo y que consistía en que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) deje de organizar el torneo nacional. En enero de 2019, apenas a un mes de haber asumido funciones, anunció que la FPF se haría cargo de la organización de los torneos de Primera y Segunda División y para ello dispuso la creación de la Comisión Organizadora de la Liga de Fútbol Profesional que se supone está “conformada por diversas gerencias y equipos de trabajo los que tienen la función de gestionar, organizar y operar la competición oficial de fútbol profesional peruano denominado la Liga 1 y Liga 2 (antes campeonatos de primera División y de Segunda División”.
Siguiendo con sus acciones, el 13 de marzo de 2019, Lozano remitió a la ADFP el Oficio Nº 0101-FPF-2019 señalando que, de acuerdo a las normas de la FIFA, la federación es dueña de los derechos de las competiciones y es la encargada de autorizar los derechos comerciales de distinta índole. Este aspecto es cierto y válido y, por esa razón, cada año se firmaba entre la FPF y la ADFP un convenio de cesión de derechos para la organización del campeonato profesional.
En el oficio Nº 0101-FPF-2019 existen dos puntos llamativos. El propio Lozano, firmante de dicho documento, manifiesta que todo lo referido al financiamiento del transporte aéreo y terrestre debía estar a cargo de la ADFP. Es decir, la FPF se liberaba del costo más alto y complicado del torneo y lo dejaba a cargo de la ADFP. Fue la primera pista de que el interés de Lozano por organizar el campeonato tenía un trasfondo: tratar de manejar los derechos de televisión —única fuente que sostiene al fútbol profesional peruano—. Por eso, trató de liberarse de los costos de transporte de los equipos y le sopló la pluma a la ADFP. Su interés directo era apuntar al control de los equipos participantes.
¿De dónde proviene el dinero para el transporte?
Los recursos para el transporte de los equipos profesionales provenían del Fondo de Transportes creado a través del convenio suscrito con la firma Consorcio Fútbol Perú —entidad que también abona los derechos de televisión—. Era un convenio que, al momento de la intervención de Lozano, estaba vigente hasta el 2022 y la ADFP recibía del Consorcio 1 millón 121 mil dólares en 12 armadas iguales de 93 mil 416 dólares mensuales por concepto de auspicio y que se destinaba para pagar el transporte aéreo y terrestre de los equipos participantes.
Cuando en marzo de 2019, en el oficio firmado por Lozano. La FPF le dijo a la ADFP que debía seguir a cargo de los gastos de transporte todo parecía normal. Había un convenio y existían los fondos. Pero, cada vez que aparece la mano del presidente de la FPF asoma la sombra de un acto de corrupción. Y esta vez con el tema del dinero del transporte, surgió el problema.
En enero de 2019 al convertirse la FPF en la organizadora del torneo, le comunicó al Consorcio Fútbol Perú que debía depositar ante la federación el millón 121 mil dólares para el fondo de transportes. El Consorcio hizo tal depósito. En febrero, la FPF le depositó a la ADFP 93 mil dólares y se quedó con un millón 28 mil soles, dinero que Lozano nunca transfirió a la ADFP a pesar de que el 13 de marzo mediante el oficio Nº 0101-FPF-2019, le había reconocido a la ADFP que “los recursos serán destinados exclusivamente al Fondo de Transportes de los clubes”.
En vista de que el campeonato no podía parar y los equipos tenían que seguir viajando, la ADFP —confiando en el oficio Nº 0101-FPF-2019 antes mencionado que fue dirigido a la ADFP y a los presidentes de los clubes, por el propio Agustín Lozano—decidió salvar la situación utilizando el dinero del Fondo Solidario con que cuenta la ADFP. La idea fue salvar el campeonato y quedar a la espera del traslado del millón 28 mil dólares que el Consorcio Fútbol Perú ya le había entregado a la FPF.
Este Fondo Solidario recauda fondos por un acuerdo entre los clubes profesionales suscrito el año 2018, el cual consiste en destinar 2 soles de cada entrada vendida en los partidos del campeonato profesional para completar los costos de transporte y luz en los estadios que no se logran cubrir con el dinero pactado con el Consorcio. El fondo es administrado por la ADFP independientemente de sus ingresos por otros conceptos, debido a que se considera que los gastos por transporte son prioritarios.
Al respecto, el presidente de la ADFP, Óscar Romero, en entrevista concedida a ONCE, manifestó: “La asociación usando este fondo cumplió con pagar los gastos de transporte a Latam de todo el Torneo Apertura (febrero a junio 2019) y llegamos incluso a cancelar hasta la quinta fecha del Clausura (septiembre 2019). De ahí en adelante no hemos pagado nada más. Esos pagos se debieron hacer en base al convenio con el Consorcio Fútbol Perú y con el millón 121 mil dólares que para ese fin recibió la FPF”.
Para llegar a una solución la ADFP buscó el diálogo con la FPF. El planteamiento de Agustín Lozano fue curioso porque planteó que se reúnan las áreas de contabilidad de ambas instituciones para “netear el monto a devolver” como si la FPF hubiese hecho gastos para el transporte de los equipos. Aún así, la reunión se llevó a cabo el 9 de marzo de este año y para sorpresa de la comitiva de la ADFP no se trató de un encuentro para hacer cuentas sino para comunicarles que solamente “les podían devolver 317 mil dólares” sin explicar bajo qué criterios ni documentos la FPF llegó a dicha cifra.
“Nosotros llegamos a una reunión de trabajo y nos encontramos con una propuesta mucho menor a la cantidad real adeudada. Existen documentos que avalan un contrato de un millón 121 mil dólares con un saldo por regularizar de un millón 28 mil dólares porque solo recibimos una cuota de 93 mil dólares. Por eso, cuando nos propusieron pagarnos 317 mil dólares y dar por cerrado el tema no podíamos creerlo” sostiene el presidente de la ADFP. Desde esa fecha no han tenido comunicación con nadie de la federación.
El titular de la ADFP, Oscar Romero, señala: “Nosotros no queremos el dinero con ningún fin adicional distinto al de ayudar a los clubes; es más, si la federación no quiere darnos el dinero a nosotros no tenemos problema. Que le cancelen directamente a Latam la deuda de 531,838 dólares y el saldo de 495,745 dólares los pueden entregar directa y equitativamente a cada uno de los clubes de la Liga 1 porque ese dinero pertenece al Fondo de Solidaridad que es de todos los clubes. Hay que recordar que nosotros solamente administramos ese fondo. Por eso, si la FPF devuelve el dinero a nuestra asociación lo primero que haremos es distribuirlo a cada uno de los clubes. Es más, como asociación y para ayudarlos a afrontar la pandemia hemos entregado a cada club 79 mil soles del millón y medio de soles que quedaba del Fondo de Solidaridad dividido en 20 partes equitativas”.
Para Romero existen dos situaciones que afrontar, de un lado, cumplir con pagar la deuda pendiente con Latam y, sobre todo, que “los clubes peruanos de primera división tengan el Fondo de Solidaridad que ellos mismos recolectaron para momentos de emergencia como el actual. Lo único que solicitamos es que el dinero entregado por el Consorcio se destine para su finalidad original”.
El daño que está causando Lozano repercute directamente en cada uno de los clubes actualmente agobiados por sostener sus planteles en una grave situación de crisis sanitaria y económica. “Ahora cada club de provincia —manifiesta Romero— ha tenido que costear sus pasajes para venir a Lima y tendrán que asumir muchos más gastos al jugarse solo en Lima. Esos gastos se tienen que cubrir con el reembolso de su Fondo de Solidaridad. En ese sentido, la FPF al quedarse con el dinero está dañando la economía de los clubes y ahora necesitan fondos más que nunca”.
Lo concreto es que Lozano recibió un millón 121 mil dólares, pagó una cuota de 93 mil dólares , se niega a devolver un millón 28 mil dólares, sabe que está en deuda y propuso devolver apenas 317 mil dólares y le ha abierto un forado a los clubes que hoy deben a Latam y tienen un faltante en su Fondo de Solidaridad. Lozano ha cortado toda comunicación desde marzo. Y nadie sabe realmente dónde está ese dinero, si ha ingresado o no en la contabilidad de la FPF. Lozano dice de manera enigmática “Hay una cuenta donde está depositado el dinero” pero nadie sabe dónde existe tal cuenta y se suma una incógnita adicional: por qué Lozano sólo quiere devolver 317 mil dólares, ¿qué hizo con los restantes 711 mil dólares?
Agustín Lozano. Dinero esfumado. Corrupción. La característica constante de la FPF. ¿Hasta cuándo?
