Un antiguo dicho señala que “No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague”. El tiempo puede pasar, las autoridades pueden cambiar, el impune puede creerse a salvo pero todo tiene una fecha de vencimiento. Una característica de los corruptos es que piensan que su plazo de latrocinio es abierto y ese es el mayor equívoco que cometen. Agustín Lozano Saavedra cree eso y se equivoca. El cerco que lo habrá de acorralar se sigue estrechando.
Esta historia se inició en el año 2013 pero los documentos que la sustentan estuvieron siete años sepultados en un archivo, hasta que la actual fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, en el marco de la lucha contra la corrupción que lidera su despacho, decidió tomar cartas en el asunto al ver las constantes denuncias contra el actual presidente de la FPF.
Así, se pudo hallar que el 6 de agosto de 2013, el ciudadano Nicolás Soriano Meneses, un honesto profesor de la ciudad de Chongoyape, había presentado una denuncia ante la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo contra Agustín Lozano Saavedra, en su condición de alcalde de la Municipalidad distrital de Chongoyape, Chiclayo. Harto de las trapacerías de Lozano que afectaban los servicios básicos de la pequeña ciudad, el vecino Soriano recopiló pruebas que acreditaban la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito en que había incurrido Lozano.
Como se sabe, el actual titular de la FPF, comprobado revendedor de entradas, fue alcalde en dos períodos consecutivos (2011-2014 y 2015-2018), tiempo en el cual pasó de ser un opaco empleado en la pequeña oficina de agua potable de Chongoyape a próspero propietario de un hotel, un colegio, un extenso fundo agrícola, dos radioemisoras, una vivienda para su padre y una vida de confort y lujo imposible de ser alcanzada con honestidad porque Lozano, un hombre sin capacidades profesionales, no viene de una familia con recursos que justifiquen su extraña prosperidad.
Es hijo de una humilde ama de casa y un padre que arreglaba el sistema eléctrico de motos, carros y camiones en la puerta de su casa porque carecía de un taller. Por su parte, Agustín Lozano logró ingresar a la empresa de Agua Potable de Chongoyape gracias al favor del entonces alcalde Eduardo Yashimura Montenegro —ex congresista y abogado del narcotraficante Guillermo Cárdenas Dávila apodado “Mosca Loca”—. El título de ingeniero que exhibe Lozano, profesión que nunca ejerció, lo obtuvo entre las sombras cuando era Rector de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Félix de la Rosa, un íntimo amigo de Willy Serrato, un sujeto detenido en octubre de 2019 y procesado por encabezar la banda criminal ‘Los Faenones de Olmos’. Serrato es uno de los secuaces de Lozano en varias fechorías que han ensombrecido al fútbol peruano en los veinte últimos años con esa turba de dirigentes departamentales, de la cual provienen Serrato y Lozano.
En suma, el honesto ciudadano Nicolás Soriano Meneses —cuya tenacidad y deseo de reivindicar a su ciudad han sido fundamentales— tenía fundamentos sólidos cuando el año 2013 ingresó su denuncia ante el Ministerio Público. Esa denuncia tiene el registro DWEB-000570-2013 y esta fechada en 6 de agosto de 2013. Sin embargo, la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo (Carpeta N° 2761-2013), resolvió enviar el caso a la Fiscalía de la Nación en Lima y el 25 de abril de 2014, resolvieron “No haber mérito para formalizar investigación preparatoria contra el denunciado Agustín Lozano Saavedra, por la presunta comisión del delito de Enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, archivándose lo actuado”. Esa decisión está contenida en la carpeta fiscal N° 244-2013 y la firma el entonces Fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales, un personaje capaz de dar ese beneficio a un personaje corrupto como Lozano si recordamos que, entre varias perlas, Peláez Bardales, archivó una investigación por lavado de activos contra César Hinostroza, el cabecilla de Los Cuellos Blancos.
Pero, como anotamos al principio, siempre asoma el plazo para rendir cuentas pendientes. Esta vez en la Fiscalía de la Nación se revisó el deshonesto archivamiento, se estudiaron los antecedentes y se encontró que la denuncia archivada en el año 2014, contiene suficientes fundamentos para ser reabierta y la Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, ha dispuesto “Abrir Investigación Preliminar contra Agustín Lozano Saavedra, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública – Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado”.
Las huellas del delito
Según la investigación de la Fiscalía de la Nación en su esfuerzo por combatir los actos de corrupción, se ha podido detectar que, durante sus dos períodos como alcalde de la Municipalidad distrital de Chongoyape – Chiclayo (2011-2014 y 2015-2018), “los ingresos anuales que registra el denunciado no sustentarían el incremento de sus bienes por las sumas declaradas”. Más aún, se han descubierto cifras que fueron en aumento y en el rubro “Otros” asoman “incrementos considerables (…) en los períodos 2011 al 2012 (ascendente a S/ 278,267.42; y 2012 al 2015 (ascendente a S/ 295.600); los que tampoco resultan proporcionales con los ingresos declarados en esos mismos intervalos de tiempo”.
Esas cifras puestas al tipo de cambio de cada época equivalen a US$ 107,025 (en el año 2012) y US$ 105,571 (en el 2014); en total US$ 212,596, una cifra importante en un municipio necesitado de recursos como el de Chongoyape. Cabe señalar que se tratan de las primeras cifras detectadas pero el volumen de un patrimonio que ha seguido creciendo sin sustento, será determinado en la investigación por el delito de Enriquecimiento Ilícito.
En la corrupción suele ocurrir un fenómeno. El corrupto tiene como objetivo el dinero que no tiene y quiere tenerlo a como dé lugar; cuando lo consigue necesita disfrutarlo y, sobre todo, necesita exhibirlo para calmar sus complejos y es allí cuando el propio corrupto deja asomar las pruebas. En el caso de Agustín Lozano, que empezó trabajando para su padrino Eduardo Yashimura, el abogado de narcotraficantes, ocurre lo mismo.
En la gestión de Agustín Lozano como alcalde de Chongoyape, las pistas se rompían, los servicios esenciales para la población no funcionaban, inauguraba obras de saneamiento por varios millones y quedaban inconclusas o abandonadas. El denunciante Soriano sostiene que “nos fuimos indignando, y hablo en representación de miles de moradores afectados con esas obras inconclusas que costaron varios millones que no llegaron a destino”.
Sin embargo, mientras a la ciudad le faltaban servicios, la población empezó a ver que Agustín Lozano, el pésimo alcalde, un hombre sin antecedentes que pudiesen justificar sus ingresos, de pronto empezó a exhibir el patrimonio que hoy es la base de la investigación iniciada por la Fiscalía de la Nación:
1.- Un colegio llamado I.E.P. Juan Pablo ll College.
2.- Un enorme predio agrícola ubicado en “Las Colmenas”.
3.- Una casa con todas las comodidades.
4.- Un hotel llamado “Hotel T11” ubicado en la cuadra 9 de la Av. Simón Bolívar en Chongoyape. La T se refiere a ‘Tin’ como lo llaman en su entorno y el 11 a su afición por el fútbol que le otorga fortuna mal habida.
5.- Una casa ubicada en Av. Simón Bolívar Nro. 1657 – Chongoyape, construida para su padre Alberto Lozano Bravo.
6.- Dos radio emisoras “Mi Latin Plus” y “Ofelis Plus”, respecto de las cuales la Fiscalía de la Nación está solicitando a la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), un informe sobre las licencias otorgadas.
A estas evidencias patrimoniales se suma el dinero que Lozano gastó para financiar su campaña electoral en los comicios municipales del año 2014 y en su fallida postulación como candidato al gobierno regional de Lambayeque en las filas de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña. Tendrá que acreditar con que dinero financió sus ansias de poder político. Un tema que será materia de otro informe.
¿Cómo logró Lozano que la denuncia por el delito por Enriquecimiento Ilícito fuese archivada por el cuestionado ex fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales? Fue por influencia política. Como se sabe Peláez estuvo muy vinculado al partido aprista y Lozano logró, en el 2014, el archivamiento porque estaba iluminado por la estrella de uno de sus padrinos: el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén. Así logró quedar impune. Téngase en cuenta que Velásquez Quesquén fue operador de Edwin Oviedo Pichotito, el ex presidente de la FPF, hoy preso, y Lozano quien fue empleado de Oviedo terminó ocupando el máximo sillón de La Videna.
Esta vez la carpeta fiscal archivada ha sido reabierta y ha dado lugar a la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, expresada legalmente de este modo: “Conforme a la información obtenida preliminarmente; el patrimonio registrado y declarado por el denunciado no resulta congruente, razonablemente, con los ingresos percibidos en el ejercicio de la función pública durante sus dos mandatos como alcalde distrital: 2011-2014 y 2015-2018. Por lo que ante la existencia de dichos datos fácticos, corresponde el inicio de una investigación preliminar, bajo la tipificación penal del delito de enriquecimiento ilícito”.
Entre las varias medidas dictadas, la Fiscalía de la Nación ha ordenado “un examen pericial contable financiero, a fin de determinar la existencia de depósitos desconocidos y/o desbalance patrimonial”. Esta vez, Lozano descubrirá que puede ocultar la auditoría forense que Price Waterhouse hizo sobre las cuentas de la FPF pero no podrá ocultar el peritaje que hurgará en las oscuridades de su patrimonio.
