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La FPF firmó un acuerdo con MediaPro, una empresa denunciada por corrupción

La empresa MediaPro con la que firmó un acuerdo Agustín Lozano, carga sobre sus hombros expedientes de denuncias por organización criminal, corrupción, fraude y conspiración para el lavado de capitales, entre otros.

Redacción ONCE
Lima - 2 mayo 2021

El 30 de abril la Federación Peruana de Fútbol hizo público el acuerdo con la empresa Mediapro, dedicada al desarrollo de contenidos y transmisiones de televisión. En el acuerdo que fue encabezado por Agustín Lozano (presidente de la FFP) y Alejandro Samanes Prat (director de MediaPro), se firmó la transmisión televisiva de la Liga Femenina 2021 por las próximas dos temporadas.

Augustín Lozano, luego de la firma del acuerdo mencionó “Esto es posible por la buena fe de empresas privadas como Mediapro, de reconocida experiencia internacional en los máximos eventos”. Las declaraciones del presidente de la FPF, ocultan las denuncias que tiene la empresa MediaPro en diversos países donde opera. Además, es una de las firmas vinculadas al escándalo de corrupción del caso FIFAGate.

ONCE revisó las diversas denuncias contra MediaPro y su fundadores en países como Estados Unidos, Francia y España. Una empresa que carga sobre sus hombros expedientes de denuncias por organización criminal, corrupción, fraude y conspiración para el lavado de capitales, entre otros.

Denuncia por corrupción en los Estados Unidos de Norteamérica

En abril de 2020, el fiscal Richard P. Donoghue, del Distrito Este de Nueva York (Estados Unidos), vinculó a MediaPro con un entramado corrupto y criminal que operó entre 2008 y 2015 en el norte y sur de América. En pleno escándalo del Fifagate, el ministerio público no se mordió la lengua y colocó a Gerard Romy, fundador del grupo Mediapro junto a Jaume Roures y Tatxo Benet, en el centro de un esquema criminal que perjudicó al organismo rector del fútbol mundial, pero también a toda la cadena deportiva relacionada con la FIFA.

Fiscal de Nueva York, Richard Donoghue.

En el juicio la Fiscalía presentó tras cinco años de investigación una gran cantidad de documentación para argumentar los indicios de delito en la conducta de Gerard Romy, ex consejero delegado de MediaPro, mano derecha de Roures y representante de la compañía en los Estados Unidos. El fiscal Donoghue desgranó con precisión los movimientos ilícitos, que se plasman en cinco tipos penales que penden sobre el exsocio de Roures y que podrían acarrear décadas en la cárcel: organización criminal, conspiración para cometer fraude; fraude, lavado de capitales y conspiración para lavar capitales.

Sobornos, paraísos fiscales y ocultación de información

La oficina de la acusación constató que Gerard Romy, cofundador de MediaPro, era un “alto ejecutivo de Imagina Audiovisual SL”. A su vez, el conglomerado era dueño de “varias filiales en España y el resto del mundo, incluyendo US Imagina LLC, con sede en Miami (Florida)”. El brazo de Imagina en EEUU tenía, a su vez, una participación en Media World, otra filial. Romy también participaba en esta sociedad mercantil. Es esta empresa la que, supuestamente participó en la trama corrupta.

El fiscal detecta conspiración para frenar a las autoridades. Fuente: CG.

Cinco cargos contra MediaPro

El fiscal encontró cinco tipos penales. El primero es organización criminal. Es este presunto delito el que desmontó la defensa de MediaPro en su argumentación. No hubo, cree Donoghue, sobornos a granel, sino al por mayor y como parte de una trama organizada. El segundo es conspiración para cometer fraude mediante transferencia bancaria, un tipo penal que Romy habría cometido entre 2008 y 2015 junto con otros dos investigados. El tercero es, en efecto, fraude, un delito del que el fiscal vio indicios por dos transferencias por valor de 450.000 dólares que Media World, controlada por Romy, hizo en 2011 y 2012, según el escrito, a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) y a una cuenta de Citibank en Panamá.

El cuarto es conspiración para el lavado de capitales, por las transferencias presuntamente efectuadas por Romy y su empresa desde Estados Unidos a otros países y viceversa “con el fin de continuar con la promoción de sus actividades ilegales”, argumentó el fiscal. El quinto delito que le atribuye la acusación a la ex mano derecha de Jaume Roures fue lavado de capitales. Según el fiscal Richard P. Donoghue este tipo penal lo sostienen transferencias de dinero efectuadas entre 2012 y 2015. Estos envíos de dinero, tuvieron como fin costear actividades ilegales dentro del marco criminal del Fifagate.

Jaume Roures, fundador de MediaPro.

Denuncia por competencia desleal

En marzo de 2021, el diario Vozpópuli, publicó el lío en los juzgados con la empresa MediaPro de Jaume Roures. El medio español informó de la denuncia de la empresa británica Project 11 Ltd por un tema relacionado con la presunta alteración por parte de Mediapro de la publicidad de apuestas deportivas.

La denuncia se basó en actos de competencia desleal por parte de Mediapro a Project 11 Ltd que tenían un compromiso contractual para la explotación de dichas apuestas. Esas desavenencias discutieron en los tribunales tras la denuncia confirmada por parte de la empresa británica. Este caso se originó en el mes de abril de 2017 y, por supuesto, tuvo relación con la explotación de la publicidad digital que gira en torno a la Liga Santander. Este servicio quería introducir publicidad de apuestas deportivas en las vallas de los estadios de manera virtual.

El acuerdo tuvo más personajes, ya que Project 11 vendió ese tiempo publicitario a uno de sus clientes, Chigwell Ltd, una sociedad que pertenece a la casa de apuestas 1xBet, afincada en Rusia y que desde 2019 no tiene licencia para operar en el Reino Unido por su presunta participación en apuestas ilegales. Pero ¿por qué se iniciaron las hostilidades entre Project 11 y MediaPro? Porque la empresa británica decidió dejar de pagar las cantidades acordadas con MediaPro, en torno a unos 16 millones de euros, al entender que Jaume Roures, que se comprometió a mostrar el contenido publicitario en televisiones de cobertura nacional, lo hizo solo en pequeñas estaciones televisivas. Ese cambio de idea provocó que las audiencias cayeran más de un 50%, lo que provocó que Project 11 no cumpliese con Chigwell Ltd en sus previsiones.

MediaPro, al no recibir el pago de lo acordado, inició un pleito contra la empresa británica que respondió denunciando a Roures por dos actos de competencia desleal.

Jaume Roures denunciado por injurias y calumnias

“Si uno es capaz de torturar, que es la cosa más abyecta que se puede hacer sobre otro ser humano, pues lógicamente manipular informes, decir mentiras, intoxicar, es lo que antes se diría un pecado venial, comparado con la tortura”.

Estas declaraciones de Jaume Roures, fundador de Mediapro en el programa ‘FAQS’ de la televisión de Cataluña en el año 2020 le costó una querella criminal. La denuncia la interpuso la Unión de Oficiales, una asociación profesional de la Guardia Civil.

Jaume Roures en el programa FAQS.

Desde la Unión de Oficiales consideraron que esas declaraciones fueron “gravísimas”, y por ello no permanecieron “impasibles ante el intento de ensuciar el honor de la Guardia Civil, que lo único que hace es cumplir fielmente los mandatos constitucionales, velando por la seguridad ciudadana y por las libertades públicas”.

La querella criminal fue presentada ante el juzgado de instrucción de Barcelona. En el documento le piden que proceda a investigar al fundador de Mediapro “por calumniar e injuriar a la Guardia Civil”.

Denuncia interpuesta por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. 

El escándalo francés

En septiembre de 2020, el grupo Canal+, propiedad de la sociedad Vivendi, interpuso una denuncia contra Mediapro en el Tribunal de Comercio de París por las malas condiciones que le impuso para la distribución del canal “Téléfoot”, creada por la compañía española y el canal de televisión francés TF1.

“Tras tomar en cuenta las condiciones que impone el grupo MediaPro para la distribución de la cadena ‘Téléfoot’, el grupo Canal+ se ve obligado a acudir a la justicia para frenar la desigualdad de trato que sufre y obtener condiciones equitativas y no discriminatorias”, fue lo que señaló la empresa francesa mediante un comunicado.

 “Tenemos la sensación de que las condiciones que MediaPro nos reclama son irreales, incluso surrealistas. Nos piden un número de abonados garantizado sobre el cual debemos hacer un pago que representa más o menos un tercio de nuestro total de abonados y que es tres veces el volumen total de abonados al ‘pack sport’ de Canal+”, denunció en “L’Équipe” el presidente de la cadena, Maxime Saada. Un atropello por parte de la empresa que los franceses no permitieron.

Esta es MediaPro, el nuevo socio que ha encontrado Agustín Lozano para sus oscuros manejos en el fútbol peruano. Más sombras para la gestión del cuestionado presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

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