¿Empieza otro negociado? La FPF contrata a MediaPro, una empresa al borde de la quiebra, fue el título de un informe que publicamos el 2 de mayo del 2021 y a través del cual ONCE alertó sobre los planes de Agustín Lozano para arrebatarle a los clubes peruanos los ingresos que tenían por los derechos de televisión.
Aquella vez, la FPF anunció que había suscrito un “importante acuerdo para transmitir por televisión en vivo la Liga Femenina 2021” y MediaPro, según el anuncio, quedaba a cargo de la producción, distribución y comercialización. No se precisó cuál sería la señal televisiva interesada en un torneo de bajísima audiencia y solo hubo una curiosa mención a “la buena fe de empresas privadas como MediaPro”. Se trataba de una empresa al borde de la quiebra según informes de la agencia norteamericana Moddy´s, encargada de estudiar los niveles de riesgo de una empresa
Tras bambalinas se supo que era una trampa desde la cual dar el zarpazo para apropiarse de los ingresos por transmisiones televisivas de los clubes profesionales.
Efectivamente, MediaPro era un caballo de Troya y pronto se descubrió el plan de Lozano para capturar los ingresos televisivos de los clubes profesionales. En efecto, el 18 de julio de 2021 un informe de ONCE advirtió que la FPF estaba empeñada en llevar a cabo una licitación para que el tema de los derechos de televisación pase por el escritorio de Agustín Lozano y éste se convierta en el único negociador de todos los clubes llevándose de encuentro de manera ilegal los contratos vigentes con plazos de vencimiento al año 2022, 2023 y 2025.
Para un personaje como Lozano y un Directorio que lo secunda en todo, los derechos de televisación eran un manjar tentador para aquellos que buscan hacerse ricos de la noche a la mañana a través de la corrupción.
La ruta no era fácil y el primer traspiés ocurrió en ese mes de julio de 2021 cuando el diario La Tercera de Chile informó que la “licitación por derechos de TV se cae por falta de interesados y una oferta insuficiente. Solo Mediapro se presentó al concurso, con una oferta US$ 60 millones por las Eliminatorias para el Mundial 2026, la mitad de lo que se pagó por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. El proceso se declaró desierto”.
En ese episodio saltó un nombre: Mediapro se había presentado en alianza con una agencia de marketing deportivo: 1190 Sports.
En octubre de 2022, un informe de ONCE alertó que Lozano se había asociado con 1190 Sports en su afán por apropiarse de los derechos de televisión. Fueron varias las maniobras ilegales que empezó a utilizar y todas están relatadas en amplios informes.
Hasta que, a inicios de 2023, Agustín Lozano, a través de un sospechoso juez, logró una medida cautelar que suspendió los contratos de televisación entre los clubes peruanos y el Consorcio Gol Perú y, además, le dio a la FPF toda la autoridad para decidir quién debía transmitir y quién no.
Cabe la presunción de corrupción de ese juez, porque su ilegal decisión no respetó contratos válidamente suscritos por los clubes con el Consorcio Gol Perú afectando el derecho constitucional a la libertad de contratación.
Pero todo este largo camino ilegal iniciado por Lozano en mayo de 2021, se vino abajo el 23 de junio de 2023 cuando la Segunda Sala Civil Comercial de la Corte Superior dejó sin efecto la medida cautelar que la FPF había obtenido para apropiarse de los derechos de televisación del fútbol peruano.
La decisión ha logrado cortar la ruta delictiva de Lozano y su Directorio porque la Corte Superior decidió dejar sin efecto, conforme a ley, la maniobra de Lozano y su medida cautelar y, en consecuencia, los contratos de los clubes profesionales peruanos con el Consorcio Gol Perú están vigentes y la FPF no tiene ninguna autoridad para intervenir en el tema de los derechos de televisión.
El efecto es que la justicia peruana ha dicho que los clubes negocien con el consorcio y tomen las decisiones sobre las transmisiones por televisión como lo han venido haciendo desde hace más de una década.
El negociado de Lozano se vino abajo y no ha logrado apropiarse, junto a la empresa chilena 1190 Sports, de los derechos de televisión, la única fuente de ingreso sólida que tienen los clubes peruanos a través de un esquema por el cual cada club negocia directamente con el consorcio televisivo, sin necesidad de que se inmiscuya un personaje corrupto como Lozano. En esa negociación libre, cada club ha venido obteniendo cifras que les permiten llevar a cabo sus labores.
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¿Qué es lo que viene? Un gran reto para los clubes. Solamente Alianza Lima, Cienciano, Melgar y Binacional han sido los únicos clubes que desde un inicio han estado del lado de la ley y respetaron las reglas de juego a pesar de las múltiples amenazas y sanciones que quiso imponer Lozano y su corte. El resto de clubes ha estado al margen de la ley acompañando las trapacerías de Lozano.
¿Qué harán esos clubes? ¿Seguirán avalando la corrupción de Lozano? ¿Acatarán la ley? ¿Sus dirigentes seguirán recibiendo prebendas y arriesgándose a acciones penales? En rigor, el camino es negociar, como siempre lo hicieron, con el Consorcio Gol Perú en cumplimiento de la cláusula de preferencia que tiene vigente cada contrato.
Es la ruta más indicada porque lo contrario sería ahondar un problema ya creado: los clubes que se fueron con Lozano han generado daños económicos al participar en el esquema ilegal montado por Lozano, el directorio de la FPF y los socios chilenos de 1190 Sports.
Los dirigentes de los clubes están ahora en una disyuntiva: seguir siendo actores de la ilegalidad o volver a trabajar con una mínima honestidad. ¿Van a optar por las prebendas de Lozano o por el bienestar de sus clubes? Un tema al que los hinchas de cada club deben estar atentos.
